RECHAZO AL NEGOCIADO POR $101.000.000

Rechazamos el negociado por $101.000.000 cometido por el Gobernador Scioli, el fiscal de estado y un empresario contra la Provincia de Buenos Aires

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Osvaldo Scioli firmó el Decreto N° 717 del 31 de mayo de 2010, en el Expediente N° 24518/08 y Alc. 1/09, por el cual autorizó un acuerdo transaccional por $101.000.000, el mismo fue publicado en el Boletín Oficial N° 26431, el 16 de septiembre de 2010. No se publicaron los fundamentos y dice textualmente:

“DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DECRETO 717 La Plata 31 de mayo de 2010 Expediente N° 5100-24518/08 y Alc. 1/09 Autorizar al señor Fiscal de Estado a efectuar el acuerdo transaccional propuesto en los autos caratulados “Ignacio F. Wasserman S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.”

Llamativamente con fecha anterior, el 13 de agosto de 2010 se publica en el Boletín Oficial N° 26415 otro decreto del Gobernador con la autorización para librar la ORDEN DE PAGO, que dice escuetamente:

“DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DECRETO N° 1234 La Plata, 26 de julio de 2010 Expediente N° 2240-10329/10 Autorizar a través de la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares a librar la Orden de Pago a favor de la firma Ignacio F. Wasserman S.A.” Varias dudas e incertidumbre surgen de estos decretos: a) En qué consiste “el acuerdo transaccional” nombrado. b) Cuáles son los fundamentos, la oportunidad, mérito y conveniencia para ordenar tamaña disposición de fondos provinciales. c) Qué ocurrirá con los supuestos bienes expropiados. d) Por qué el Gobernador y el Fiscal de Estado cambiaron su accionar en las expropiaciones de fábricas salvo en ésta. Para entender esta maniobra fraudulenta en la cual lamentablemente están involucrados el Fiscal de Estado, Ministros y abogados pasaré a explicar los antecedentes.


ANTECEDENTES

1) La empresa Ignacio F. Wasserman S.A., es una planta metalúrgica que procesa chapas de acero, fabricando caños de acero con costura y de servicios de corte y planchado. Está ubicada en la Avenida Los Constituyentes 551 del Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

2) A fines del año 2001 la empresa tuvo graves problemas económicos – financieros, estaba al borde de la quiebra y no podía mantenerse operativa. Incluso intentó despidos, suspensiones y hasta reducciones de sueldos.

3) Ante esta grave situación de total inactividad en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2001, los trabajadores salieron en búsqueda de otra solución que dependa de los propios obreros. Asi fue que el 14 de diciembre de 2001, lograron firmar un Contrato de alquiler con la empresa Ignacio F. Wasserman S.A. y la recientemente constituida Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes Limitada, formada por todos los trabajadores de la planta. Acordaron un pago simbólico de $1000 por mes por este predio de 16.000 m2 más todas sus máquinas.

4) Con fecha 6 de noviembre de 2000, la empresa se presentó en Concurso Preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nacional N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir que desde esa fecha exteriorizó su ESTADO DE CESACION DE PAGOS. Con fecha 16/05/2003 se homologó el acuerdo preventivo.

5) En el mes de enero de 2003 se publicó la Ley Nº 12996 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes de la empresa. Luego se sancionaron dos leyes complementarias 13039 y 13257.

6) Con fecha 31/10/2003, la empresa inició el juicio de expropiación inversa. Quedó radicado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Expediente Nº D-25469/03. En esta demanda reclamó una indemnización por un valor total de $102.142.032, de los cuales $51.690.000 correspondían al valor llave de la empresa (este valor es una de las claves del caso). 7) Al contestar esta demanda el Fiscal de Estado a través de su representante, el Delegado de Fiscalía de Estado de San Isidro, Dr. Guillermo Andrés Valle, la apoderada Dra. María Virginia Romero dijo (de la forma y contundencia que lo viene haciendo desde 10 años desde la primera ley de expropiación de una fábrica) En las partes pertinentes dice:

“CONTESTA DEMANDA – CUESTIONES DE PURO DERECHO III.- Improcedencia de la acción expropiatoria inversa – Se declare la cuestión de puro derecho A) La demanda interpuesta por la sociedad actora es ab-initio inadmisible por cuanto no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el art. 41 de la ley 5708, para que el propietario pueda promover el juicio de expropiación, puesto que no ha tomado posesión del bien, ni tampoco ha turbado o restringido sus derechos, por lo que corresponde que se rechace la acción deducida, con costas. B) La acción deducida tampoco puede prosperar porque el Poder Ejecutivo Provincial, evidencia a través del expediente administrativo Nº 5100-17994/04, que adjunto, su voluntad de no hacer uso de la facultad legal de la ley 12996, modificada por la ley Nº 13039, quedando configurado de esta forma, y para el caso que se considerara procedente la acción expropiatoria, el abandono de la expropiación (art. 47 de la ley 5708) V.- Improcedencia de la Acción: agrego el expediente Nº 5100-17994/04 mediante el cual el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria General de la Gobernación asume la determinación de hacer uso de la autorización legal para la expropiación por cuanto no solo no existen previstos los fondos para la expropiación. La demanda no puede prosperar por cuanto mi representada evidencia la voluntad estatal de no llevar adelante la expropiación configurando el “abandono” de la misma (art. 47 ley 5708). (…) La única respuesta coherente a ese proceder es quizás que en términos de negocio la declaración de utilidad pública le vino a la empresa “de perillas” para resolver su asfixiante situación económica-financiera (se encuentra en concurso) y eso explicaría también su pasividad frente al presunto desapoderamiento por parte de los obreros” Cuando analiza si existió el DESPOJO dice: “De todos estos párrafos no surge cual es el poder, órgano o funcionario del estado que la habría despojado. Lo que sí podemos ver, y en forma por demás clara, es que la desposesión habría sido efectuada por la Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes Limitada, la que se encuentra debidamente registrada (Mat. Nac. 23762) es una persona jurídica con capacidad para obrar y responde por sus acciones, y es totalmente ajena a mi representada. Frente a este despojo, la actora contaba y cuenta con todas las acciones legales que el ordenamiento jurídico pone al alcance de los propietarios (denuncia penal, interdictos, acción reivindicatoria y desalojo, etc.) De ninguna manera el desapoderamiento efectuado por un tercero (una cooperativa registrada) o terceros (los expropietarios de la fábrica), puede asimilarse directa o indirectamente a la desposesión a cargo del Fisco. Mi representada es totalmente ajena y está desvinculada de tales episodios y actuaciones. Numerosos precedentes de la Corte local consagran esta solución, en el caso “Fiscalía de Estado contra Sindicato Único de Trabajadores de Edificio”, Expropiación (15.07.97, Ac nº 56165), se debatía el monto indemnizatorio puesto que el mismo se había merituado teniendo en consideración el “loteo de hecho” efectuado por los ocupantes del predio expropiado. Obviamente tal cálculo encarecía el monto del resarcimiento. La Corte revirtió ese criterio porque entendió que equiparar el “loteo de hecho” resultado de una ocupación ilegal por intrusos, con una sub-división legal aprobada administrativamente para adjudicar, así, un mayor valor a los terrenos a expropiar, carece no solo de sustento legal sino que implica dar incentivos a un proceder ilegitimo favoreciendo tales ocupaciones (en el caso de las Fábricas Recuperadas, este incentivo cuadra tanto para los obreros que pretenden salvaguardar su fuente de trabajo, como para los empresarios que se “salvan” si el Fisco les “compra” la empresa). También dijo (La Corte) que “en cuanto a los intereses”, cuando la ley 5708 establece que deben correr desde el momento de la desposesión, se refiere a la realizada por el Fisco y no por los particulares (art. 8 ley cit; conf. Causas Ac. 40880, sent. del 07-VII-89; Ac. 42314, sent. del 20-11-90) y en el caso ella no se produjo” Cita además otros fallos de la Corte (Ac. 40880 del 07-07-89 y Ac. 42314 del 20/02/90. Por los argumentos esgrimidos en el punto anterior, ninguna duda cabe entonces, que en nuestro caso no ha existido desapoderamiento de los bienes de la actora por parte del Estado y por ende la acción expropiatoria inversa es ab-initio inadmisible y en consecuencia la voluntad estatal de no llevar adelante la expropiación configura el “abandono” de la misma (art. 47 ley 5708)”

8) Esta posición de la FISCALIA se desplegó al cabo de los últimos 10 años desde que se sancionó la primer ley de expropiación de una fábrica, el 16 de diciembre de 2000 para la ex GIP METAL S.R.L. en quiebra y como beneficiaria la Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Limitada, hasta hoy sigue sin perfeccionarse esa ley de expropiación y obviamente el monto no supera los $400.000, tal vez será porque debía superar los 100 millones para que se interesara el Fiscal de Estado y el Gobernador.

9) El Gobernador Daniel Osvaldo Scioli, siempre VETÓ todas las leyes que se votaron en la legislatura con el argumento de no tener presupuesto y además que era anticonstitucional que una ley que surja con la iniciativa del legislativo pueda comprometer el presupuesto del ejercicio. Solo a modo de muestra, transcribo la parte pertinente, los decretos son: Nº 3137/09 – 3138/09 – 3139/09 – 3140/09 – 3141/09 – 3142/09 – 3148/09

“DEPARTAMENTO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Decreto 3139/09 La Plata, 30 de diciembre de 2009 Visto lo actuado en el expediente 2100-43072/09, correspondiente a las actuaciones legislativas D-3345-09, por el que tramita la promulgación de un proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura el 7 de diciembre de 2009, mediante el cual se declara de utilidad publica y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Gerli, Partido de Lanús, contadas las instalaciones, maquinarias y herramientas, materias primas, prendas terminadas, a confeccionar, avíos e insumos para la confección existentes dentro del mismo enumeradas en el anexo, cuyas designaciones catastrales y titularidad de dominio consigna el artículo 1º y considerando: Que los bienes citados precedentemente, serán adjudicados en propiedad y a titulo oneroso a la Cooperativa de Trabajo Ex textil San Remo Limitada, con el cargo de ser destinatarios de los mismos a la consecución de sus fines cooperativos (articulo 2º). Que la citada expropiación se efectivizará a través del Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires (articulo 5º), declarándose la urgencia del trámite expropiatorio (articulo 6º). Que es del caso señalar que el presupuesto general no cuenta con partida específica para atender el gasto que demande dicha expropiación, como así también que los créditos aprobados en el mismo, no admiten mayores erogaciones considerando la situación actual de las finanzas públicas; que por otra parte el Ministerio de la Producción no cuenta con los fondos presupuestarios necesarios para afrontar la indemnización expropiatoria impulsada por el presente proyecto de ley; que además de ello cabe advertir que el procedimiento previsto por el artículo 3° de la iniciativa en análisis se contradice con las previsiones del artículo 5° de la ley N° 13.828 al cual remite; que han tomado intervención los Ministerios de Trabajo, de Economía y de la Producción, la Gerencia de serviciosd Catastrales; (ARBA)(…) Por ello, “EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DECRETA: ARTICULO 1º. Vetar el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura el 7 de diciembre de 2009, al que hace referencia el Visto del presente. ARTICULO 2º. Devolver a la Honorable Legislatura la iniciativa mencionada en el Artículo anterior. ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros. ARTICULO 4º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. Alberto Pérez Daniel Osvaldo Scioli Gabinete de Ministros Gobernador”

Nunca tuvo partida el presupuesto general para atender el gasto que demandaron más de 50 fábricas que no superan los 50 millones de pesos en los últimos 10 años con los cuales se mantienen 10.000 puestos estables de trabajo. Tampoco el Ministerio de Producción cuenta con los fondos presupuestarios necesarios para afrontar la indemnización expropiatoria impulsada. El presupuesto del año 2010, de este Ministerio es de $130.000.000, pero ahora se le realizó una AMPLIACION PRESUPUESTARIA de $101.000.000, pesos ciento un millones, para afrontar una expropiación que tiene muchas particularidades que más adelante veremos. Nunca se gastó un peso por una fábrica recuperada y ahora en una sola tanto dinero.

10) ¿CUÁNTO VALE LA PLANTA?
ØPara contestar esta pregunta tenemos que ir a las constancias del expediente de la expropiación inversa. Realizaremos un cuadro con las posiciones de los peritos de la Fiscalía de Estado y de Ignacio Wasserman S.A. (en archivo adjunto) Como se observa al pagar $101.000.000 se está pagando 383% más del valor de tasación y 707% más del valor real de mercado. Esto acredita la defraudación al Estado Provincia ya que no existe fundamento técnico, jurídico ni lógico para aceptar tal diferencia. 11) El acuerdo transaccional autorizado por el Gobernador fue presentado por la Fiscalía de Estado en el Juzgado del Concurso Preventivo de Ignacio F. Wasserman S.A. (Expediente Nº 75376, Juzgado Comercial Nº 18, Secretaría Nº 16, “Ignacio F. Wasserman S.A. s/ Concurso Preventivo” a cargo del Juez Dr. Javier J. Cosentino):  A fojas 5120 (10/08/2010), se presenta la Concursada y titula: “SOLICITA AUTORIZACION PARA DISPONER

-Que en nombre y representación de mi representada vengo a solicitar autorización, en los términos de los art. 16 y 59 última parte de la ley de concursos a fin de que autorice a la concursada a disponer del inmueble de su propiedad sito en la localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, con frente a la Avenida Constituyentes Nº 551, entre las calles José Moldes y Habana, hoy Álvarez, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV, Sección G, Fracción I, Parcela 1h, Matrícula 23998 del Partido de Vicente López), a favor de la Provincia de Buenos Aires y a fin de materializar la expropiación efectuada por esta última en virtud de las leyes expropiatorias provinciales Nº 12.996 y 13.039.” Firma su representante Dra. Beatriz Susana Rivas, del estudio Weinschelbaum, Av. Santa Fe 900 6º piso  A fojas 5126 (el mismo día 10 de agosto de 2010)
Se presenta la FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES con la representación de la Dra. LUISA MARGARITA PETCOFF, en un escrito que titula:

HACE SABER (Por la Provincia de Buenos Aires) “II. OBJETO. Hace saber: Que de acuerdo a expresas instrucciones vengo a poner en conocimiento de V.S. que el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha dictado el Decreto Nº 717 autorizando al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires a efectuar acuerdo transaccional en los autos caratulados “Ignacio F. Wasserman S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa”, en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro de la provincia de Buenos Aires mediante un pago como única y total indemnización por todo concepto la suma de ciento un millones de pesos ($ 101.000.000). Los bienes objeto de la aludida expropiación son los individualizados en las leyes provinciales 12.996, 13.039 y 13.257 incluyendo inmuebles, instalaciones, maquinas, rodados, muebles útiles, etc., enumerados en el anexo I de las leyes 12.996 y 13.039 del activo de esta concursada. III. Pide SE AUTORICE: Atento lo informado precedentemente y lo dispuesto en los art 15,16,17 y concordantes de la ley 24522, solicito autorice al concursado a disponer del bien inmueble – de titularidad de la concursada- ubicado en Avenida de los Constituyentes Nº 551 de la localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Denominación Catastral Circunscripción IV, Sección G, Fracción I, parcela 1h matricula 23998, incluyendo sus respectivas instalaciones, maquinarias, herramientas, rodados, muebles y útiles enumeradas en el Anexo I de la leyes 12996 y 13039 autorizando la inscripción de dominio a favor de la expropiante en los registros de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional Automotor –del inmueble y de los muebles registrables incluidos en las mencionadas layes expropiatorias individualizados ut supra”

El 7 de septiembre de 2010, el Juez del Concurso resolvió que antes se de traslado a la Sindicatura, al Comité de Acreedores (Siderar SA., Kandall S.A. y Roberto Ciocellato) y a los acreedores hipotecarios. A la fecha ya contestaron: La Sindicatura en forma afirmativa, el Banco Comafi y Comafi Fiduciario oponiéndose.

12) Es de resaltar que a la fecha en el Expediente de la Expropiación Inversa no se cerró todavía la etapa probatoria, por lo tanto tampoco existe sentencia de primera instancia y muy lejos esta la sentencia definitiva. La Fiscalía apeló todos los fallos adversos en primera instancia en otros casos y las Cámaras de Apelaciones les dieron la razón en todos los casos, ahora hay varias causas de expropiación inversa a la espera de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco existe urgencia ya que no hay orden de desalojo de la fábrica. No hay embargos a las cuentas bancarias de la Provincia de Buenos Aires. Por qué el Gobernador Scioli cambió de parecer tan abruptamente. Es posible que tenga un especial interés en que se pague tanto dinero, violando los Deberes de Funcionario Público, cometiendo Malversación de Caudales Públicos, con Fraude al Estado Provincial y en Asociación Ilícita junto al Fiscal de Estado RICARDO SZELAGOWSKI, los ministros y abogados de la parte actora.

Para descargar el resumen de las posiciones de la Fiscalía y el Estado Presione aquí

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