COOPERATIVA LA PRENSA – (DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA)

UBICACIÓN: Félix Paz 310 – Alto Alberdi – Córdoba.
PRODUCTOS: Diario Comercio y Justicia: 4.500 ejemplares; Semanario Jurisprudeencia: 1.300 ejemplares; Otros suplementos: Guía de Córdoba: 10.000 ejemplares, Suplementos de Economía y Legistación.


SECCIONES: Redacción: 18 trabajadores; Administración: 10 trabajadores; Taller y Expedición: 20 trabajadores

LA HISTORIA:

Decano de la prensa especializada del interior del país, el diario Comercio y Justicia fundado el 2 de Octubre de 1939 acompañó la historia comtemporánea de Córdoba como una mediana empresa de capitales locales que ocupó un espacio señero en el mercado de publicaciones jurídicas y en la elaboración y difusión de indicadores económicos, mucho antes que otros diarios como Ambito Financiero o El Cronista aparecieran para hacer lo mismo.

Muchos vaivenes económicos en seis décadas soportó la empresa y en ese sentido en 1996 entró en concurso preventivo. En ese momento la empresa que contaba con unos 40 trabajadores entre gráficos (10) y prensa (30) produjo el despido de 10 de ellos incluyendo los delegados y miembros de comisión directiva de los sindicatos de gráficos y prensa.

Esto fue respondido por los trabajadores y sus sindicatos gráficos y de prensa con una huelga de 30 días que incluyó movilizaciones, ollas populares, quema de neumáticos y cortes de calle y que la patronal respondió con denuncias que culminaron en un momento determinado en una decena de compañeros detenidos varias horas.

Como resultado del conflicto la empresa si bien no reincorporó a los despedidos en cambio les tuvo que pagar el 100% de las indemnizaciones. Otro aspecto fue que la patronal no pudo hacer caer los convenios colectivos de trabajo y tuvo que reincorporar a los trabajadores despedidos con fuero sindical luego de 2 años de estar afuera y pagarles los salarios caídos. Estos hechos desde el punto de vista sindical significaron que el conflicto no se perdió como se había pensado al principio ya que la organización sindical interna se mantuvo intacta y fue determinante para lo que sucedió luego.

En ese marco la familia Eguia, dueña de la empresa no pudiendo complir el acuerdo preventivo homologado oportunamente le vende la editorial al estudio jurídico de Vicente Aznar, (que se asoció con otros capitalistas locales), quien la patrocinó en el concurso preventivo.

1998 y 1999:

El estudio jurídico de Vicente Aznar se dio la política de «valorizar» la editorial para venderla y recibió «al menos siete ofertas de compra» por el diario -según sus propias palabras-, pero las dejó pasar en busca de una mayor. Cuando se decidió, a comienzos del nuevo siglo, la Argentina había dejado de ser la niña mimada del capitalismo internacional y la crisis terminal de la versión local del neoliberalismo había comenzado a gestarse.

El director del diario Comercio y Justicia desplazó a sus antiguos compañeros de aventuras en la compra del diario -Vicente Manzi (automotores), Rogelio Egea (Pritty SA), Roberto Tillard (Banco Suquía)- y quedó como único propietario para continuar el furibundo proceso de «valorizar la editorial» previo a la venta de la empresa a capitales extranjeros.

2000:

La «sospechosa» asamblea de accionistas que lo dispuso en abril coincidió con el alejamiento del periodista Carlos Sagristani de la jefatura de redacción del diario, pero la maniobra se concretaría en una fecha gloriosa para los cordobeses. El viernes 29 de mayo, Aznar y el eterno financista del Club Talleres (Egea) echaron a los 15 periodistas del diario con mejores salarios para reducir drásticamente el gasto de personal y exhibir el lunes siguiente, en la capital industrial de Brasil, Sao Paulo, los números de una «empresa floreciente» que mantenía hasta aquel momento una pauta de publicidad oficial cercana al millón de pesos y cuya continuidad ya estaba en duda.

La reunión en la avenida paulista del suburbio industrial de Sao Paulo junto a los máximos directivos del grupo Gazeta Mercantil había sido arreglada por Aznar y Luis María Moisés Trujillo, un abogado originario de La Cumbre ex alumno del seminario de IDEA para ejecutivos de corporaciones multinacionales y ex presidente de la Cámara de Comercio Argentino Brasilera, futuro presidente del diario Comercio y Justicia.

El grupo Gazeta, propietario del quinto diario de negocios del mundo y de más de 40 diarios en Brasil, paga un millón de dólares a Aznar por el 40% de las acciones de Comercio y Justicia e inicia una «due dilligence» para la compra del 100% en pocos meses.

2001:

Nuevamente, las ambiciones del letrado cordobés le jugarían una mala pasada y retrasarían la operatoria hasta después de enero, cuando la moneda brasilera sufre una devaluación del 50% y comienzan a deshacerse todos los negocios internacionales de Gazeta. La operación de Aznar y Moisés Trujillo rinde sus frutos y los brasileros cierran la operación de compra por el 100% accionario con la expectativa de evitar la pérdida del millón anterior y revender la empresa.

El acuerdo es cerrado el 19 de abril y el 29 de abril toman el control de la empresa tras un acto en el Hotel Panorama de la capital cordobesa con la presencia de Luiz Fernando Ferreira Lévy, propietario mayoritario de Gazeta e hijo de Herbert, ex diputado federal de la derecha brasilera y ministro de la dictadura militar en aquel país vigente hasta 1984.

En la oportunidad, Ferreira Lévy promete «un futuro de gloria» a más de cien trabajadores de Comercio y Justicia a través de la expansión nacional del diario. Aznar, que no cree en los espejos de colores que traen los nuevos colonizadores, disfraza sus últimos aportes de capital accionario como toma de créditos de la empresa con garantía personal a su nombre, maniobra cuyo verdadero significado se revela a los pocos meses ante la quiebra de la empresa y demuestra claramente su complicidad con el proceso de abandono.

Gazeta Mercantil incorpora a Moisés Trujillo como titular de la empresa no obstante lo cual Vicente Aznar continúa como consejero especial del Directorio, trae de la empresa Avon en Buenos Aires y de la escuela de Derecho de la Universidad Católica Argentina nuevos gerentes, con salarios de senador nacional y los hospeda en el Sheraton Córdoba y comienza a incumplir con los sueldos de los trabajadores.

La empresa retiene los aportes jubilatorios y de obra social del personal, no paga el alquiler de sus locales y no paga los salarios en fecha. En abril se atrasa dos días, en mayo cinco, y en junio diez. Se retrasa el pago de aguinaldo y el presidente de la empresa prefiere quedarse en Buenos Aires y evita los vuelos con destino a Córdoba. Mientras el personal realiza asambleas donde se discute con preocupación el futuro de la empresa, el cuerpo de gerentes, incluido el Secretario de Redacción, se aumenta los salarios en mil pesos. Es la rapiña de los buitres ante lo que ellos ya ven venir: la mortaja del diario Comercio y Justicia, que ya no parece ser negocio para nadie salvo para aves de carroña.

La crisis desnuda como nunca virtudes y defectos. A tres meses de la nueva gestión, el atraso salarial ya es de un sueldo y medio y el personal propone un plan de austeridad para salvar la empresa que incluye eliminación de alquiles superfluos, horas extras, colaboraciones externas, drástica reducción en fotografía y otros servicios. La plana gerencial hace caso omiso de la propuesta, se aumenta los sueldos y continúa con el fraude.

El último día laboral de setiembre, mientras los directivos y varios gerentes se encuentran fuera de la ciudad, se produce un extraño robo en las instalaciones de Comercio y Justicia. La desaparición de 45 computadoras, decodificadores de señal satelital, servidores de memoria digital, generadores eléctricos, entre otros recursos estratégicos para la salida del diario, conforman la postal del vaciamiento de Comercio y Justicia.

Ante las cámaras de Teleocho, el presidente de la empresa admitirá en la noche del 30 de setiembre que no sabe cuándo el diario volverá a salir o si lo hará alguna vez. Mientras la policía ficha a todo el personal para investigar el atraco, investigadores de Inteligencia Criminal deslizan que se trata de un «auto-robo», hipótesis que nunca es investigada por el fiscal actuante.

Con un denodado esfuerzo, sin recursos y con el aporte de computadoras personales de sus propios hogares, el personal asegura la continuidad en la salida del diario, que no se interrumpe ni siquiera 24 horas.

Comercio y Justicia continuará con sus ediciones por la disciplina y la voluntad de sus trabajadores, a pesar de la falta de pago de salarios que se torna permanente a partir de la fecha del robo. Ante los trabajadores, el abogado brasilero de Gazeta, Aylton Trevisan, reconocerá que «para el grupo, esta empresa tenía sentido hasta agosto». La palabra de Gazeta es ratificada en los hechos y agosto es el último mes de pago.

Setiembre, octubre y noviembre son un suplicio. El abandono es permanente y los trabajadores ensayan la lucha en la empresa (paros parciales, luego totales, luego periódicos), en la Secretaría de Trabajo (a donde los brasileros concurren, cuando lo hacen, con mentiras y falsas promesas), en la representación diplomática brasilera en Córdoba (se producen varias entrevistas con el cónsul de Brasil Paulo Soares y luego manifestaciones diversas hasta producir un incidente diplomático entre los dos países) y hasta en el plano internacional a través de la coordinación de lucha con los sindicatos gráfico y de prensa de Sao Paulo, cuyos dirigentes interceden en Brasil por Comercio y Justicia, e incluso envían al secretario general gráfico de San Pablo, Marcio Vasconcelos a Córdoba.

A comienzos de noviembre, tras ser aprobado en asamblea general, el personal nombra una comisión que se reúne con el abogado del propietario Ferreira Lévy para proponerle que a cambio de la ya enorme deuda salarial y ante el evidente desinterés empresario, pase la empresa a nombre de los trabajadores, quienes continuarán con la misma asociados en forma de una cooperativa o una sociedad de empleados. Se reúnen los compañeros Javier De Pascuale, Cristian Ramella y Eduardo Pogrobinki con Aylton Trevisan y Oscar Vilas y la oferta es rechazada tanto por los brasileros como por Vicente Aznar, quienes ya se encuentran en una supuesta disputa judicial por las acciones de la editorial.

Como respuesta, los compañeros denuncian el abandono ante el Ministerio de Trabajo, que constata el hecho con un inspector y deciden el 11 de diciembre (ante la ausencia de la representación empresaria en la audiencia de Trabajo) el paro por tiempo indeterminado hasta la siguiente audiencia, el 18 de diciembre.

En esta fecha, mientras en Córdoba se incendia un piso de la Municipalidad y la Policía toma el casco céntrico en busca de trabajadores municipales, Trevisan baja del avión, se presenta en la Secretaría de Trabajo sin propuestas de ningún tipo y con gran temor por su integridad personal ante la evidente explosión social en la Argentina, se vuelve a Brasil en forma inmediata. Fue la última vez que un brasilero de Gazeta pisó la Argentina.

El ex propietario, Vicente Aznar, se reúne el 23 de diciembre con los representantes del personal y menciona que la quiebra con continuidad es la única salida. Cuatro días después, con el aval de los representantes del personal, Daniel Zamuz, un abogado de su confianza y acreedor impago del concurso preventivo solicita la quiebra, pedido que no recibe contestación por parte de la jueza de la causa, Beatriz Mansilla de Mosquera, quien se dispone a iniciar la feria judicial de enero.

2002:

El arranque del año sorprende a los compañeros con una empresa sin dueños, sin gerentes, sin juez y sin recursos. El 2 de enero, Aznar cita a los delegados, editores y gerentes del diario a una reunión con Sergio Spolsky, socio de Daniel Hadad y Fernando Sokolowicz en el diario Buenos Aires Económico, interesados en invertir en Comercio y Justicia. El esquema que plantea Spolsky es de alquilar por seis meses la quiebra, mantener en marcha Comercio y Justicia con algún tipo de ajuste y aprovechar su base de clientes para insertar en su interior el diario BAE, que busca bajar a Córdoba. Los compañeros desconfían de la propuesta de BAE, pero Aznar asegura en reunión posterior que el ajuste implicará a 25 suspendidos (que pueden ser rotados en el personal) que cobrarán el 50% de salarios y que el resto cobrará el mismo salario que venía percibiendo, promesas que más tarde se descubrirán falsas.

Zamuz reitera el pedido de quiebra ante la jueza de feria, quien lo rechaza pero constata la situación de abandono y nombra un interventor judicial, que resulta ser Gabriel Gel, el mismo gerente que nombraron Aznar y los brasileros, administrador de la «valorización» y abandono de la empresa.

A comienzos de febrero, a pocos días de reincorporarse tras la feria judicial, la jueza Mansilla de Mosquera declara la quiebra, con fecha 12 de enero. A los tres días, el síndico de la causa Cr. Hugo Chapresto rechaza terminantemente la continuidad de la empresa por falta de capital de trabajo, salvo que se presente un capitalista con suficiente aporte como para asegurar el giro de la empresa. Casi coincidentemente, Spolsky se presenta ante la jueza con una propuesta de continuidad, que incorpora sólo al 50% del personal y con el 50% de salarios.

Parece todo armado para entregar Comercio y Justicia a un grupo de oportunistas que pretenden mantener el nombre del diario, su cáscara, una infraestructura mínima, para insertar BAE en su interior. El personal rechaza terminantemente la propuesta, los gremios así lo hacen saber a la jueza de la quiebra y Spolsky retira la propuesta.

Aznar y otros interesados apuntan entonces al remate inmediato de los bienes de la compañía fallida. En consonancia, la jueza Mansilla llama a licitación por el alquiler de los bienes con condiciones casi imposibles de cumplir por cualquier sociedad que sólo tenga la seguridad de tener la empresa en sus manos por un período de seis meses.

Los compañeros de Comercio y Justicia buscan la continuidad. Los gremios reclaman al Gobierno para que haga algo en función de esa perspectiva, un grupo de legisladores lo apoya, y un puñado de compañeros marcan el camino: hay que formar una cooperativa de trabajo para alquilar la empresa.

La asamblea constitutiva se realiza el 9 de abril. Se designa a los compañeros Javier De Pascuale presidente, Mario Rodríguez secretario, Cristian Ramella tesorero, Eduardo Pogrobinki síndico, Estela González y Ramón Báez vocales. El nombre de la Cooperativa refleja el apuro por su armado: simplemente «la prensa». La medida es avalada por 61 ex empleados de Comercio y Justicia que solicitan su ingreso a la Cooperativa, incluyendo ex gerentes.

Algunos interesados en gestionar el diario buscan acordar una sociedad con la Cooperativa, que carece de dinero para poner en marcha el diario. Algunos representan a políticos, otros a sí mismos. Entre estos surge un abogado cordobés del Partido Intransigente que tiene aspiraciones políticas pero cuyo pensamiento coincide con el de los compañeros de la Cooperativa.

El Juzgado llama a licitación pública para el 14 de mayo, a la que concurre la Cooperativa con el asesoramiento de este. Como era previsible, no hay otra propuesta, se gana la licitación y se entrega la empresa a la Cooperativa, que debe completar su reconocimiento legal en el plazo de 72 horas y completar las leoninas exigencias de un contrato de locación que exige garantías personales y reales por 300 mil pesos, a más de otras cosas.

La gestión del fallecido diputado Atilio Tazzioli ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, regulador de las cooperativas y mutuales) brinda sus frutos y en tiempo y forma se presenta la matrícula definitiva de la Cooperativa. Pocos días después, el Congreso aprueba una modificación a la Ley de Quiebras que recoge la experiencia de Comercio y Justicia y prevé la continuidad de las empresas en manos de los trabajadores organizados en forma de Cooperativa de Trabajo.

El 30 de mayo el síndico de la quiebra y un Oficial de Justicia entregan la empresa a los trabajadores. Es tierra arrasada. Durante la clausura judicial, desconocidos con aceso a las llaves de la empresa la han vaciado. Falta de todo y existen además signos de sabotaje para evitar la salida del diario. A la rotativa le falta una pieza y a algunas computadoras los discos. Faltan además computadoras de Administración con bases de datos esenciales para el giro de la empresa. La Comisión de Legislacion del Trabajo y el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación se pronuncian en apoyo a la continuidad del diario en manos de la Cooperativa.

El 20 de junio de 2002:

Tras varios días de limpieza y reorganización, la empresa recupera su fisonomía y reaparece en las calles el diario Comercio y Justicia. Los trabajadores son los primeros sorprendidos por el fruto de su acción, pero ya comienzan a surgir conflictos con el socio, quien no cumple con sus promesas de aporte de capital y abandona el proyecto.

Otros ofrecimientos aparecen en el horizonte, pero la decisión de los compañeros es avanzar solos y no hacer más sociedades con nadie. El futuro es incierto, pero la alternativa es la segura traición. La decisión implica trabajar durante dos meses por 200 pesos, a partir de los cuales los ingresos comienzan levemente a repuntar.

La salida del diario no se ha interrumpido, se han recuperado los suscriptores históricos, se relanzaron las publicaciones «Semanario Jurídico» y «El Inversor y la Construcción», se han celebrado convenios con dos agencias de noticias, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Asociación de Magistrados, el Centro de Ingenieros de Córdoba, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Escribanos. En plena crisis histórica de la Argentina, los trabajadores organizados han recuperado una empresa de la nada, del abandono, de la quiebra, del saqueo.

En ese sentido es destacar la presencia del doctor Luis Alberto Caro, dirigente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, al cual conocimos ya empezado el proceso de alquiler de la quiebra, y con el cual diseñamos la estrategia para culminar con la compra de la empresa.

En rigor a la verdad, es de destacar que el compañero Luis Alberto Caro desinteresadamente viajó en un sinumero de oportunidades a Córdoba, preparó los escritos para presentar en el juzgado de la quiebra y fundamentó ética y legalmente de manera brillante los derechos que tenemos los trabajadores en estos procesos.

El cierre de esta crónica se expresa en el suplemento aparecido en la edición del diario Comercio y Justicia del 22 de agosto de 2003 y que a continuación se transcribe.

La Cooperativa compró el Diario. Los bienes de Comercio y Justicia quedan para los trabajadores que recuperaron la empresa

Un paso más hacia la consolidación de una prensa especializada e independiente en Córdoba se logró ayer tras el fallo judicial que ordenó la entrega definitiva de los bienes de la quiebra de la editorial Comercio y Justicia a la Cooperativa formada por sus trabajadores. La jueza civil Beatriz Mansilla de Mosquera hizo lugar así al recurso presentado por la empresa responsable de la puesta en marcha del conjunto de productos editoriales de la marca Comercio y Justicia. De esta manera, se ordenó la suspensión del proceso licitatorio puesto en marcha y se habilitó la venta directa del conjunto de bienes que integran una impresora rotativa, un grupo de computadoras y el conjunto de marcas que reconocen los cordobeces desde hace décadas, el diario, el Semanario Jurídico, el Inversor y la Construcción, el Nomenclador Cartográfico, entre otras.

La decisión judicial, que de hecho habilita una salida jurídica a un problema hasta ahora sin solución en los tribunales del país (la adquisición final de los bienes por parte de las cooperativas continuadoras), introduce un importante precedente que probablemente será tomado por una gran cantidad de cooperativas que actualmente administran empresas, como solución a sus problemas. Incluso, el fallo señala claramente la necesidad de que el Poder Legislativo elimine un vacío legal que establece una «espada de Damocles» permanente sobre las empresas llamadas recuperadas.

A partir de la firma del contrato de venta y el pago de los montos ofertados al Tribunal, que suman más de 700 mil pesos en efectivo y la cesión de una cifra similar en créditos verificados, comenzará sin dudas una nueva etapa para los lectores de Comercio y Justicia. El nuevo paso logrado por la Cooperativa de Trabajo «La Prensa» Ltda. permitirá a esta editorial consolidar un plan de negocios que contempla el relanzamiento de algunas publicaciones, el mejoramiento de los diferentes servicios informativos que brinda y el sellado de alianzas estratégicas con diversas instituciones ligadas al estudio de la economía y al debate de las ciencias sociales y jurídicas, con el objetivo de propender a la mejora continua de los contenidos brindados.

Ese y no otro fue el camino que se trazó este emprendimiento desde su nacimiento, hoy verificado con el crecimiento continuo del número de suscriptores y con la renovada puesta en marcha de productos abandonados por los anteriores propietarios.

Los fundamentos de la resolución judicial

Con pormenorizado detalle, la jueza Beatriz Mansilla de Mosquera ponderó en su decisión la tarea de los trabajadores, destacando en tal sentido los informes de la sindicatura, donde se subrayaba, entre otros logros, que superado un proceso lógico de readaptación, «se llegó a la impresión y circulación del primer ejemplar, después de una interrupción de más de seis meses», continuando ese cometido «con un contenido y nivel de producción editorial, superior al que tenía antes que se interrumpiera su publicación».

Ya en los aspectos específicamente jurídicos, la magistrada recordó que a la normativa vigente «se sumaba la modificación introducida por la ley 25.598 al artículo 190 de la Ley Concursal, insertando los principios basados en la necesidad de preservar la fuente de trabajo y tendiente a la venta de la empresa en marcha para así obtener un mayor valor».

En esa dirección, Mansilla de Mosquera ilustró respecto del marco legal en que debía ser insertada la oferta de la Cooperativa, subrayando que la ley 24.552 «establece un orden preferente para la venta de la empresa como unidad, ya sea a través del proceso licitatorio o subasta judicial, lo que dio lugar a que se dispusiera el llamado a licitación para su realización», al tiempo que ese texto legal «regula la posibilidad de que se autorice la venta directa de los bienes falenciales en las hipótesis previstas en la norma», en referencia al artículo 213 LC.

El tribunal indicó que, frente al marco señalado, debía destacarse la reforma introducida al artículo 190 de la LC, «derivada de aquellas experiencias en que los trabajadores se enfrentaban con la crisis económica de la empleadora, cuando ésta ya se había desatado y procuraban evitar el desguace de la fuente laboral».

Sobre el particular, la jueza añade en su pronunciamiento que «se fueron produciendo diversas situaciones que los jueces debieron resolver sin contar con las disposiciones legales adecuadas, pero que exigían tratamiento acorde con las circunstancias y los valores en juego», agregando que no podía «soslayarse la necesaria aplicación de principios de justicia y equidad con que corresponde al juez impartir justicia, sopesando todos los valores que se encuentran en juego y efectos derivados de su resolución».

En ese orden de ideas, Mansilla de Mosquera parafraseó fallos de la Corte Suprema, en el sentido de que «la justa solución del caso concreto no debe buscarse a través de la fría formulación de silogismos, sino mediante una selección axiológica que persiga la justicia del caso concreto, siendo claro que no existe una recta administración de justicia cuando los jueces aplican la ley mecánicamente y con abstracción o indiferencia por las consecuencias que esa aplicación tiene para las partes y, de un modo distinto pero no menos trascendentes, para el cuerpo social todo».

Finalmente, la magistrada volvió a destacar que la cooperativa de trabajadores que se encuentra constituida por cerca del 70 por ciento de los ex empleados de la fallida, que tomó a su cargo la puesta en marcha de la empresa, «cuyos administradores se encontraron ausentes durante todo el proceso; el esfuerzo y el empeño puesto de manifiesto por los trabajadores; el éxito obtenido al recuperar los niveles alcanzados por el diario y suplementos, anteriores al momento en que se dejaran de editar y con ello la posibilidad de su venta en mejor precio sin llegar al desguace; que el precio ofrecido es en base al determinado en autos para la licitación; que la propuesta sometida a consideración ha merecido el apoyo de otros acreedores de naturaleza laboral, que no forman parte de la cooperativa ofertante».

Cristián Félix Ramella

Trabajador gráfico de Comercio y Justicia desde junio de 1980Integrante fundador de la Cooperativa de trabajo La Prensa

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