ANUNCIO DE LA PRESIDENTA : «LAS QUIEBRAS QUE NO PAGARÁN LOS EMPLEADOS»

La modificación a la ley de quiebras que ayer anunció la Presidenta agilizará la posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo de la empresa en caso de quiebra. El proyecto surgió del Movimiento de Fábricas Recuperadas

La lucha de los trabajadores que pugnan por poner en marcha las empresas quebradas y abandonadas por sus dueños tuvo ayer una respuesta inesperada, pero largamente reclamada. La presidenta de la Nación anunció el envío al Parlamento de un proyecto de modificación de la ley de quiebras “que garantice la continuidad de las empresas abandonadas por sus patrones en manos de sus trabajadores”. El proyecto toma los ejes de la propuesta que, en su momento, presentó el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, luego adoptado por el Inaes (Instituto Nacional de Economía Social). Ya funcionan más de cien fábricas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores, pero hay más de 3000 en todo el país en situación de quiebra y paralizadas por indefinición judicial o desconocimiento de la posibilidad de continuidad en manos de sus trabajadores.

El anuncio fue formulado por Cristina Fernández durante una recorrida por la Cooperativa de Trabajo Envases Plásticos Flexibles Mataderos, una empresa recuperada y puesta en funcionamiento por sus trabajadores, tras haber quebrado en septiembre pasado. Envases Mataderos pertenece a la red de empresas gráficas que constituyó el Sindicato Gráfico Argentino, entre empresas cerradas que volvieron a la actividad como cooperativas.

Uno de los ejes del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso es que habilitará a los jueces que intervengan en una quiebra empresaria a que en forma inmediata y automática faciliten la continuidad de la actividad en manos de sus trabajadores, si éstos manifiestan su voluntad en este sentido. “En la legislación actual el juez, ante una quiebra, ordena el inventario y desaloja la planta”, señaló Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, a Página/12. “Si los trabajadores deciden quedarse, el juez puede encontrar la forma de habilitarlos a seguir produciendo, pero de un modo artesanal, con una solución de carácter jurisprudencial, que no está escrita en la ley”, indicó. Pero lo habitual es que el dueño quebrado apele y logre el desalojo de la planta, especulando con su venta y traspaso a terceros ya libre de empleados. La nueva ley, en cambio, garantizaría la continuidad en manos de los trabajadores.

Otro punto central de la nueva legislación es el referido a las indemnizaciones y créditos laborales diversos (salarios, vacaciones y otras remuneraciones impagas al momento del cierre). En la ley actual, el trabajador de la empresa quebrada sólo tiene derecho al 50 por ciento de la indemnización, y depende para el cobro de sus créditos de lo que se obtenga del remate de los bienes de la planta fallida. Remates que, por otra parte, no se destacan por su transparencia. Además, los trabajadores van detrás de los acreedores prendarios e hipotecarios en la “cola” para cobrar. La modificación que propone el Ejecutivo establecerá el derecho al cobro del ciento por ciento de la indemnización por despido, y habilitará al juez comercial a adjudicar en forma directa la planta a los trabajadores si éstos deciden hacer una oferta para la compra de la misma, constituyendo sus créditos como forma de pago.“La ley actual es absolutamente anacrónica; la imagen de los trabajadores en una carpa frente a la planta esperando que un juez los autorice a trabajar, muchas veces durante meses, es la demostración”, señaló Caro, quien recordó que este tipo de legislación, garantizando la continuidad laboral después de la quiebra, ya existe en constituciones de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Italia.


“El derecho a trabajar existe en la Constitución nacional, pero su aplicación, su ejercicio, es muy difuso”, señaló. Caro recordó que ya funciona un centenar de fábricas recuperadas bajo gestión obrera, con cerca de 10 mil trabajadores en actividad. Pero hay otros tres mil establecimientos cerrados por quiebra –también del sector servicios, o agropecuarias– que podrían ser rehabilitados. La modificación de la ley acercará esa posibilidad, un sueño largamente ansiado que se resume en la respuesta de Caro cuando se le pregunta qué sintió cuando ayer conoció el anuncio de la Presidenta: “No lo podía creer”.

Por Raúl Dellatorre

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